El trabajo autónomo está en auge, con una cifra estimada de 1.570 millones de autónomos en todo el mundo y una tasa de crecimiento anual prevista del 14%. Aunque esto abre interesantes oportunidades para los contratistas independientes, también conlleva retos.
Por un lado, muchos países ofrecen pocas protecciones a los autónomos, dejándoles expuestos a prácticas laborales desleales o retrasos en los pagos. Sin embargo, otros países, como Japón, han promulgado leyes para protegerlos.
El 1 de noviembre de 2024 entró en vigor en Japón la "Ley para Garantizar la Adecuación de las Transacciones que Implican Operaciones Comerciales Encomendadas Específicas" (o "Ley de Autónomos"). Las empresas que contratan autónomos en Japón deben cumplir los términos de esta ley para evitar posibles sanciones.
Principales conclusiones:
- La nueva Ley de Autónomos de Japón contiene varias protecciones específicas para los autónomos.
- Según la Ley, los autónomos tienen derecho a contratos escritos, pagos puntuales y un entorno laboral libre de acoso.
- El incumplimiento de la Ley puede dar lugar a investigaciones y multas.
¿Por qué se presentó la Ley de Autónomos?
Una encuesta realizada en 2021 a través del Ministerio japonés de Sanidad, Trabajo y Bienestar identificó varios retos a los que se enfrentan los autónomos, entre ellos no cobrar a tiempo.
La Ley de Subcontratación vigente en Japón protegía a los autónomos frente a la morosidad, pero sólo si su cliente disponía de un capital mínimo de 10 millones de yenes. Como este requisito excluía a cerca del 60% de los clientes, muchos autónomos seguían sin estar protegidos por la ley.
La Ley de Autónomos se creó para abordar este y otros retos clave a los que se enfrentan más de 2 millones de autónomos en Japón. La Ley establece normas claras para mejorar las condiciones de trabajo, garantizando a los autónomos contratos transparentes, retribuciones justas y pagos puntuales.
Principales disposiciones de la Ley de Autónomos de Japón
En 2021, la Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC) definió "autónomo" como "cualquier persona que trabaja por cuenta propia o como comerciante individual (propietario único de un negocio) que no tiene un local comercial físico fijo ni empleados y que obtiene ingresos utilizando su propia experiencia, conocimientos y habilidades".
La nueva ley adoptó la misma definición y define a las "empresas" como negocios o particulares que contratan autónomos, pudiendo hacerlo cualquier industria o sector.
Las transacciones cubiertas son cualquier "consignación empresarial", que se define como "un acuerdo de empresario que confía a otro empresario la fabricación (incluida la transformación) de bienes o la creación de productos basados en la información como parte de su actividad empresarial" o "un acuerdo de empresario que confía a otro empresario la prestación de un servicio como parte de su actividad empresarial (incluido el hecho de que otro empresario preste un servicio para sus propios servicios)".
La Ley de Autónomos incluye varios requisitos, algunos de los cuales varían en función de la duración del contrato del autónomo.
Contratos escritos
Las empresas deben proporcionar contratos claros que describan los términos de la transacción. Los contratos pueden ser escritos o electrónicos y deben contener (como mínimo):
- Descripción del trabajo que se va a realizar
- La fecha de finalización del proyecto
- Condiciones de pago, incluidos el importe, el método y el calendario
Contratación
Toda empresa que contrate autónomos debe asegurarse de que toda la información de contratación de anuncios sea exacta y esté actualizada. Está prohibido facilitar información falsa o engañosa.
Pagos puntuales
Para evitar retrasos excesivos en los pagos, las empresas deben pagar a los autónomos en los 60 días siguientes a la finalización de un proyecto.
Protección contra las prácticas desleales
Las empresas no pueden imponer condiciones de trabajo injustas ni explotar a los autónomos, como cancelar abruptamente los contratos o pagarles menos por sus servicios.
Además, los acuerdos de duración superior a un mes prohíben los siguientes actos:
- Negarse a aceptar un trabajo autónomo terminado sin una razón válida.
- Devolver el trabajo o los bienes entregados al autónomo sin una razón válida.
- Reducir el pago sin una razón válida
- Fijar salarios irrazonablemente bajos
- Obligar a los autónomos a comprar bienes o servicios sin una razón válida
- Solicitar revisiones o cambios irrazonables de los entregables.
Acoso
Las empresas deben disponer de medidas para prevenir el acoso contra los autónomos, incluido el acoso sexual y el acoso de poder. Las empresas también deben establecer un sistema que permita a los autónomos solicitar consultas sobre cuestiones de acoso.
Rescisión del contrato
Si el autónomo trabaja para una empresa durante seis meses o más, la empresa debe avisar con 30 días de antelación si rescinde un contrato antes de su fecha de vencimiento.
Equilibrio trabajo-vida privada
Los autónomos que trabajan para una empresa durante más de seis meses tienen derecho a ajustes por responsabilidades familiares. Por ejemplo, la empresa debe permitir horarios de trabajo razonables para que la trabajadora autónoma pueda compaginar obligaciones como el embarazo, el parto, la lactancia, el cuidado de personas mayores y de niños.
Medidas de resolución de litigios
La Ley de Autónomos ofrece a los contratistas independientes varias opciones para gestionar los conflictos en caso de que surja un problema, entre ellas:
- Mediación facilitada por la Comisión de Relaciones Laborales
- Informar de las infracciones a la Comisión Japonesa de Comercio Justo o a otras autoridades pertinentes.
- Reclamaciones judiciales por impago o incumplimiento de contrato
Además, las empresas tienen prohibido tomar represalias contra los contratistas independientes si denuncian una infracción.
Cómo afecta esto a las empresas que contratan en Japón
Si su empresa contrata, o tiene previsto contratar, autónomos internacionales en Japón, debe cumplir las nuevas normas de la Ley de Autónomos.
Uno de los pasos más importantes es asegurarse de que los autónomos están clasificados correctamente según la legislación japonesa. La clasificación errónea es un problema común que puede conllevar riesgos legales y financieros, por lo que es esencial hacerlo bien.
Además, las empresas deben:
- Revise y actualice los contratos de trabajo para que su empresa cumpla la Ley de Autónomos.
- Asegúrese de que sus prácticas de contratación cumplen los requisitos de la Ley.
- Revise las políticas contra el acoso de su empresa para incluir a los autónomos (si no lo hacen ya).
¿Qué ocurre si su empresa infringe la Ley de Autónomos?
Cuando un autónomo denuncia a una empresa por infringir la Ley de Autónomos, el gobierno japonés investiga. Si el gobierno considera que la empresa ha infringido la Ley, puede emitir advertencias, recomendar medidas correctoras u ordenar a la empresa que aplique medidas correctivas.
Se pueden imponer multas de hasta 500.000 yenes si una empresa incumple la normativa o reincide.
Además, el gobierno puede revelar públicamente los nombres de las empresas que cometan infracciones de la Ley de Autónomos, lo que puede acarrear daños a su reputación.
Cómo cumplir la Ley de Autónomos de Japón
Considere la posibilidad de consultar a un experto jurídico que pueda ayudarle a navegar por estas nuevas normas de la Ley de Autónomos, incluidos los contratos, las condiciones de pago y otras políticas internas.
Otra opción es asociarse con un Empleador de Registro (EOR ) para que gestione esas responsabilidades por usted.
Un EOR garantiza el cumplimiento de todas las leyes laborales locales (como la Ley de Normas Laborales de Japón) y también puede encargarse de realizar los pagos a los contratistas.
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